El Estatuto del Artista vuelve al centro del debate público en un momento clave para quienes trabajan en las artes plásticas y visuales. Tras años de reivindicaciones, y después de que el Ministerio de Trabajo hubiera ya reconocido los peligros del uso de la inteligencia artificial para los derechos de propiedad intelectual, el Ministerio de Cultura ha presentado nuevas propuestas que buscan actualizar un marco legal todavía anclado en 1985, especialmente insuficiente para un sector marcado por la intermitencia, la precariedad y la falta de reconocimiento profesional.

Entre los avances planteados, destacan medidas que afectan directamente a la actividad de artistas visuales: la compatibilidad plena entre pensión de jubilación y actividad artística, la creación de bases de cotización específicas para autónomos con bajos ingresos y la ampliación del concepto de actividad artística para incluir honorarios derivados de charlas, textos o colaboraciones vinculadas a la creación. Estas medidas responden a demandas históricas del sector, que lleva años denunciando la falta de adecuación entre su realidad laboral y la normativa vigente. cultura.gob.es

Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar. Desde distintos ámbitos políticos se reclama mayor valentía y concreción, señalando que las reformas siguen siendo insuficientes y que el Gobierno debe acelerar su implementación para evitar que el Estatuto quede en un nuevo ejercicio de buenas intenciones sin efectos reales.

Para los y las artistas plásticos y visuales, este momento es decisivo: el Estatuto puede convertirse en una herramienta real de protección y profesionalización, o quedarse corto ante las necesidades urgentes del ecosistema artístico, tal como ya advertían voces del sector en debates previos.